Este pasado miércoles 8 de noviembre, el juez Javier Carretero, del Mercantil 1 de Sevilla, firmó un auto de ‘aclaración’ o ‘ampliación de la sentencia mercantil del 15 de septiembre en la que anulaba la presunta adquisición de 36.869 acciones en 1992 por parte de FARUSA, la empresa de Ruiz de Lopera.
Carretero dictó al fin sentencia pública, esperada desde marzo de 2015, porque cinco de los 17 demandantes iniciales se mantuvieron en sus trece, pese al ‘Pacto de Lledó’. Era una exigencia legal. En este último auto se ordena el pago de costas por parte de FARUSA… y algo bastante más duro: «Condeno a la entidad FARUSA a devolver a la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D. los títulos nominativos representativos de las acciones referidas que estuvieran emitidos para su destrucción (…) condeno a la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., a cancelar en el Libro Registro de Acciones Nominativas los asientos correspondientes a las acciones referidas«. Y Carretero cierra así: «Contra este auto no cabe recurso».
Bajo estas circunstancias judiciales, parecería legamente inviable que ni el Betis ni el Pacto de Lledó ni la Madre Superiora puedan incorporar esas 36.869 acciones al paquete de 49.743 que Farusa entrega al club en el Pacto de Lledó. Además, Carretero establece el precio de 60 euros para cada una de estas acciones. Está por ver que Lopera (73 años), recién ingresado de urgencia por ‘Obstrucción Intestinal’ (que le puede llevar al quirófano), vaya de algún modo contra esta última sentencia. El recurso le dejaría en el aire un pago de los previstos… por valor de cuatro millones de euros.
Con el más reciente dictamen de Carretero, la única opción que tiene el actual Consejo del Betis para sacar adelante sus planes accionariales, pasa por una ampliación de capital ‘provisional’ que contenga explícitamente y ‘necesariamente’ esas 36.869 acciones canceladas por el Juzgado de lo Mercantil. La pregunta sería, entonces, ¿cómo se puede votar favorablemente un pacto torpedeado en la línea de flotación por la sentencia de Carretero? Además, para la ampliación de capital se requiere legalmente un 25% de quórum, accionistas acreditados y presentes en la Junta. Aunque el presidente Ángel Haro ha impulsado la creación de la empresa ‘Touzi Soccer’, cuyos objetivos son la compra de acciones deportivas, parece que el Consejo verdiblanco no tendrá fácil conseguir ese 25% de accionistas presentes en la Junta del día 23: 60.838 acciones del total de 117.500 que supone el paquete accionarial del Real Betis S. A. D. (51,77%) deberían estar inoperativas bajo todo concepto legal. Deberían…
